Después de 14 años de litigio en diversas instancias judiciales, la familia de Rubén Calleja finalmente recibe una noticia muy esperada. Rubén, un joven con síndrome de Down que fue excluido de la enseñanza en un colegio ordinario, ha obtenido una victoria legal significativa. El Tribunal Supremo ha dictaminado que la decisión del comité de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que concluyó que Rubén fue objeto de discriminación, es vinculante. En consecuencia, el Estado español deberá reparar o compensar los daños económicos, morales y emocionales sufridos por el menor y su familia. La familia llegó a enfrentarse a acusaciones de abandono familiar por negarse a escolarizar a su hijo en un centro de educación especial.
Down España ha hablado con Alejandro Calleja, el padre de Rubén, para conocer sus impresiones tras conocer la sentencia. “Estamos felices. Después de tantos años, finalmente se reconoce el derecho a la dignidad de Rubén y su derecho fundamental a una educación inclusiva que le fue negada durante años”, expresó Calleja. Añadió que la sentencia es un reconocimiento del derecho a la educación inclusiva en España, a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y a los derechos consagrados en la Constitución española, que en el caso de Rubén fueron sistemáticamente vulnerados. Calleja resalta la importancia de que esta sentencia siente un precedente y cree jurisprudencia que beneficie a aquellos que enfrenten situaciones similares en el futuro.
Juan Rodríguez Zapatero, abogado experto en educación inclusiva que llevó el caso, también fue consultado sobre la sentencia. Señaló que esta decisión es una llamada de atención urgente a todas las autoridades públicas, subrayando la necesidad de ajustar la legislación educativa a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Destacó que la sentencia establece que los dictámenes del comité de las Naciones Unidas son vinculantes a nivel jurídico, fortaleciendo así la Convención.
Rodríguez Zapatero enfatizó que, a pesar de la importancia de la sentencia, se requiere una reforma legislativa para evitar que las familias tengan que enfrentar largos procesos judiciales. Subrayó la necesidad de adaptar el sistema educativo a la Convención para garantizar el derecho a una educación inclusiva para todos los estudiantes. Además, aclaró que la sentencia no cuestiona las anteriores, sino que destaca la falta de medidas efectivas para proteger a un menor discriminado por su discapacidad.
El abogado concluyó destacando que España no ha cumplido con la Convención y urgió a una reforma del sistema educativo. Subrayó la necesidad de una ley de inclusión educativa respaldada por el consenso de todos los partidos políticos para asegurar el cumplimiento del derecho fundamental a la educación inclusiva.
Sentencia del Tribunal Supremo, disponible haciendo click aquí.
